Por Miguel Ángel Rouco
La suba de precios no parece tener freno. Los pronósticos oficiales y privados quedan desterrados a los pocos días que se difunden. A pesar de todos los intentos por “vigilar” el sistema de precios, los planes en cuotas, los “cuidados” y demás etcéteras, las autoridades se muestran impotentes frente a la escalada de la inflación.
El alza de los precios mayoristas y del costo de la construcción tomó de sorpresa a las autoridades y a los analistas. La suba del costo de mano de obra en la construcción y en los materiales está provocando una inflación de activos en ese sector. “Se está formando una burbuja de precios, alimentada por un lado, por el blanqueo, por otro lado porque la obra pública empuja la demanda de materiales e infla los precios y finalmente por los costos laborales”, explicaba un asesor financiero.
Con los cañones apuntados hacia el Banco Central, el gabinete económico que rodea al presidente Macri no acierta en el diagnóstico y mucho menos en la terapia aplicada.
“Y menos mal que todavía la teoría de Sturzenegger de mantener tasas de interés altas prevalece en la cabeza de Macri. Si el BCRA relaja su política monetaria, estamos hablando de otro año con inflación del 40 por ciento”, resumía un empresario en rueda de colegas, mientras compartían un frugal almuerzo.
Paralelamente, el combate por las paritarias recién comienza y son numerosos los gremios que no han cerrado sus negociaciones.
Por caso, todos los gremios del sector transporte aún no se han sentado a negociar y hay mucho temor en el sector empresario por el aumento de los costos en logística. “Después nos van a echar la culpa a los formadores de precios y no se dan cuenta que los costos de fletes y transportes de mercancías representan hasta el 30 por ciento del precio final del producto”, confiaba otro empresario.
“Ya no está Hugo Moyano, ahora está el hijo y este no tiene ni la paciencia ni la experiencia del padre. Si no le gusta, enseguida patea el tablero y va al conflicto”, alertaba otro hombre de negocios.
La marcha de la inflación, las negociaciones salariales y el clima social desvela tanto a los empresarios como al gobierno. El clima social tomó una temperatura inesperada. La gente está en la calle, la dirigencia sindical perdió el control de las bases en muchos gremios y eso alimenta los conflictos y los torna en episodios violentos.
Apaciguar los ánimos
En Casa de Gobierno siguen con atención las negociaciones que llevan a cabo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que encabeza Roberto Fernández, con el fin de cerrar la paritaria del sector para este año.
Dietrich está en un océano de indefiniciones. Por un lado, un aumento de salarios a los choferes obligará al Estado a destinar mayores subsidios. Esto provocará un aumento del déficit fiscal, lo que alimenta el descontento tanto en el Palacio de Hacienda como en la Casa Rosada.
Por otro lado, si no se otorgan más subsidios, habrá que ajustar tarifas, lo que llevará descontento a la población, algo que en vísperas de elecciones parecería quedar descartado. La falta de definiciones en ese sentido, prolonga la conciliación impulsada por el gobierno en el conflicto de la MONSA-Línea 60 y la UTA, que sigue sin solucionarse y que tantos dolores de cabeza le trae año tras año a los pasajeros de zona norte de Buenos Aires.
La virulencia que tomó ese conflicto llevó a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a confirmar los procesamientos de los delegados de la Línea 60 por amenazas agravadas por empleo de armas de fuego, de la antigua Terminal de Constitución.
En este contexto, el gobierno quiere apaciguar los ánimos y trabaja con todos los medios a su alcance para desactivar cualquier escalada. Pero la suba de precios, la economía que no arranca, la campaña política y la falta de definiciones del gobierno conforman un escenario propicio y les brindan argumentos a los sectores más duros del sindicalismo. Las próximas semanas será cruciales para determinar y establecer alguna tendencia en la política de ingresos.